La corrupción perjudica el desarrollo económico, dificulta el crecimiento de las estructuras equitativas
del mercado e impide que los países en vías de desarrollo puedan atraer las escasas inversiones
extranjeras. El costo de la corrupción se evidencia principalmente en las compras públicas. México ha
adoptado diversos acuerdos y convenciones multilaterales como la Convención interamericana contra
la corrupción (CICC), la Convención anti-cohecho de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC) como parte de las estrategias para combatir o prevenir la corrupción, así
como para fortalecer la integridad de diversas acciones gubernamentales. Además, como miembro del
Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), México acordó adoptar los Estándares de Transparencia en
Compras Gubernamentales adoptados por APEC en 2004.