La corrupción perjudica el desarrollo económico, dificulta el crecimiento de las estructuras equitativas 
del mercado e impide que los países en vías de desarrollo puedan atraer las escasas inversiones 
extranjeras. El costo de la corrupción se evidencia principalmente en las compras públicas. México ha 
adoptado diversos acuerdos y convenciones multilaterales como la Convención interamericana contra 
la corrupción (CICC), la Convención anti-cohecho de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (UNCAC) como parte de las estrategias para combatir o prevenir la corrupción, así 
como para fortalecer la integridad de diversas acciones gubernamentales. Además, como miembro del 
Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), México acordó adoptar los Estándares de Transparencia en 
Compras Gubernamentales adoptados por APEC en 2004.