El combate a la corrupción y las políticas de transparencia requieren un  enfoque integral y una acción conjunta de todos los organismos y poderes  involucrados. Es sabido que los hechos de corrupción no son cuestiones  simples de abordar. Por lo general ellos se esconden detrás de intrincadas  maniobras que, a través de modos que aparentan ser legales, evaden el  enmarañado ámbito del derecho administrativo. Esto hace que la dificultad  probatoria sea la regla. En un caso de soborno, por ejemplo, donde el hecho  imputable es el acuerdo para el pago de una venalidad, si no se cuenta con  la colaboración de alguno de los sujetos implicados -aquél a quien se le pidió  un soborno o el funcionario al que le fue ofrecido- resulta muy difícil obtener  la prueba de cargo concreta. Por cierto, se puede contar con otras pruebas  que sirvan de indicios, como movimientos bancarios inexplicables o un  enriquecimiento patrimonial injustificado, entre otros. Sin embargo, los  corruptos son hábiles y canalizan sus fondos a través de sociedades  fantasma, personas interpuestas, acuden a plazas financieras off shore o a  paraísos fiscales, etc.