Garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos a través de políticas públicas, especialmente las destinadas a social, es uno de los deberes del Estado. Descansa sobre el Gobierno la responsabilidad de proporcionar la igualdad jurídica y política a quienes están desprovistos de inclusión social. Para hacer realidad la justicia social, se instauraron políticas y organismos del Estado con el alcance de intervenir en la inversión económica y garantizar el respeto de los derechos establecidos por la Constitución. El aparato estatal se convierte en el regulador y ejecutor de acceso a bienes y servicios públicos, es decir, los derechos de los ciudadanos.