Con el propósito de enfrentar la corrupción, el 29 de marzo de 1996 la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC). Ésta entró en vigencia en el mes de marzo del siguiente año, constituyéndose desde entonces en el principal instrumento jurídico internacional a nivel americano sobre el tema.
La Convención establece a los países signatarios el cumplimiento de determinadas obligaciones, que van desde la tipificación de figuras delictivas en sus ordenamientos nacionales, hasta la adopción de diferentes medidas de tipo normativo e implementación de políticas públicas, con el fin de hacer cumplir sus más altos propósitos, que son el fortalecimiento y desarrollo, en cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y la promoción de la cooperación entre ellos, a fin de asegurar la eficacia de estas medidas y acciones.