La primera de estas dos actuaciones es el Decreto que da vigencia al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), cuerpo de normas que pautan aspectos financieros y de compras públicas en la gestión del Estado.

Esta actualización normativa introduce diversas mejoras a las existentes, incorporando mecanismos de adquisiciones que ya hace años están presentes en otros países y que son considerados buenas prácticas: convenios marco, subasta inversa, entre otros.

En cuanto a la segunda, el Presidente designa autoridades de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, dando así el paso fundacional para la constitución de esta unidad que tendrá competencias en lo que hace a la actualización normativa, la capacitación de funcionarios, la provisión de herramientas de gestión y el asesoramiento al Poder Ejecutivo, entre otras. Algunas de estas actividades estaban ya en ejecución, pero sin el soporte institucional que ahora se logra.

Las autoridades nombradas -José Clastornik (Presidente), Diego Pastorín, Pedro Apezteguía, José Saavedra y Cristina Zubillaga- tienen como primer cometido la elaboración y presentación al Poder Ejecutivo de un Plan Estratégico de la Agencia.

En palabras del actual Gerente del Proyecto Compras y Contrataciones Estatales, Adrián Manera: «Se trata de un gran paso para el Uruguay, algo por lo que hace años veníamos trabajando. Y no tengo dudas de que la RICG ha tenido parte del mérito en este logro, pues las posibilidades de intercambio, de conocer las experiencias y éxitos en la región, y en definitiva el interés por emular las buenas prácticas alcanzadas por otros países, nos hace mejorar a todos los integrantes: en la Red bien puede decirse que se cumple el «Uno para todos, y todos para uno». A partir de estas resoluciones presidenciales, mucho trabajo y mucho trayecto tenemos por delante en Uruguay, y es bueno saber que la red de contactos de la RICG está al alcance para apoyarnos en ese camino.»

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