Se pueden utilizar diferentes herramientas con el fin de atraer inversiones verdes. Muchas de estas herramientas ya han sido utilizadas por los gobiernos para atraer inversiones a nivel general, y pueden ser dirigidos específicamente y estratégicamente a proyectos, sectores o inversores verdes.

No es fácil seleccionar las inversiones verdes que se apoyaran. Estas decisiones son particularmente complejas en el contexto de tecnologías inmaduras. Un análisis integral de las condiciones a nivel nacional que tome en cuenta las diversas oportunidades inversionistas puede ayudar a determinar qué programas apoyar y cómo se prestará dicha ayuda –desde inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de las comunidades agrarias hasta la implementación de Tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica.

Aunque las situaciones varían de caso en caso, las siguientes pautas pueden aplicarse a la mayoría de las intervenciones:

• Las intervenciones deben ser coherentes con las prioridades de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los posibles impactos en los diferentes sectores económicos; 

• Las intervenciones, siempre que sea posible, deben estar alineadas con las estrategias que fortalezcan la ventaja comparativa nacional de un país; 

• Las intervenciones no deben repetir o apoyar a inversiones que probablemente serán implementadas; y

• Las intervenciones deberán de tener un impacto mínimo en el mercado evitando resaltar tecnologías y/o empresas específicas como organizaciones ejemplares.  

Aunque existen riesgos en el uso del gasto público, esta medida puede facilitar la transición hacia una economía verde sostenible. Una de las maneras en la cual el gasto público puede promover dicha transición impulsando el desarrollo de un mercado ecológico nacional, es por medio de la contratación pública.

Generalmente, la contratación pública de bienes y servicios representa un gran porcentaje del gasto público total. En el 2001 se estimó que los países miembros de la OECD gastaron entre 13 y 20 por ciento de su PIB en la contratación de bienes y servicios tales como: edificios, infraestructuras de ferrocarril y de carretera, servicios de limpieza y compras de materiales de oficina y energía (IISD, 2008). Aunque se dispone de poca información relacionada a Licenciada en ingeniería ambiental, con énfasis en diseño y gestión de plantas del medio ambiente. Auditor de sistemas de gestión ambiental de acuerdo con las normas UNI EN ISO 14000 y EMAS, auditor líder, SA 8000 – SAI – Social Accountability International. Trabajó en el Sistema de las Naciones Unidas, desempeñando cargo en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), teniendo a su cargo programas en América Latina (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua), África (Sudáfrica) y Europa Oriental y Central (Armenia, Antigua República Yugoslava República de Macedonia, Serbia y Montenegro, Uzbekistán); así como, en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Elisa Tonda Oficial regional de eficiencia en el uso de recursos para América Latina y el Caribe Programa de Naciones Unidad para el Medio Ambiente -PNUMA- www.ricg.info Organización de los Estados Americanos – Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones 7 – Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional Julio 2011, No. 2 la contratación en países en desarrollo, diferentes publicaciones sugieren porcentajes similares y en el algunos casos, hasta porcentajes más altos: 28% del PIB en Kenya y Tanzania; 30% en Uganda (Odhiambo & Kamau 2003); 35% en Sudáfrica; 43% en India; y 47% en Brasil (IISD 2008).

La contratación pública sostenible proporciona a los gobiernos una herramienta valiosa para demostrar el compromiso con el desarrollo sostenible. La gran mayoría de los países desarrollados cuentan con algún tipo de políticas de contrataciones públicas sostenibles, al mismo tiempo, países en desarrollo, como India, Chile, Sudáfrica y Vietnam están en proceso de establecer sus propias normativas (Perera, Chowdhury, & Goswami, 2007). 

Este esfuerzo, tal como se describe en el cuadro inferior, es reforzado por las iniciativas tomadas por El Grupo de Trabajo de Marrakech para las Compras Públicas Sostenibles. 

Aunque existen riesgos en el uso del gasto público, esta medida puede facilitar la transición hacia una economía verde sostenible. Una de las maneras en la cual el gasto público puede promover dicha transición impulsando el desarrollo de un mercado ecológico nacional, es por medio de la contratación pública. 

La contratación pública sostenible puede aumentar la demanda de bienes y servicios ecológicos, favoreciendo así al sector empresarial. Este incremento, le permite a las empresas invertir, a largo plazo, en temas de innovación; a su vez, los productores podrán realizar economías de escala reduciendo sus costos. Por consiguiente, estas iniciativas pueden conducir a la amplia comercialización de bienes y servicios ecológicos, promoviendo, así, el consumo sostenible.

Un estudio de 10 grupos de productos, concluyó que gracias a los programas avanzados de contrataciones públicas sostenibles europeas, se logró reducir la huella de carbono, causada por efectos de la contratación, a un promedio de 25% (Pricewaterhouse Coopers, Significant and Ecofys 2009). 

Detalles adicionales sobre el papel que pueden desempeñar los gobiernos en la promoción de condiciones favorables para promover la transición hacia una economía eficiente y baja en carbono se pueden encontrar en Green Economy Report publicado en Febrero 2011. Este informe se puede conseguir en: http://web.unep.org/greeneconomy/

El Grupo de Trabajo de Marrakech para las Compras Públicas Sostenibles fue iniciado por el gobierno Suizo en el año 2005 y es uno de los 7 Grupos de Trabajos en el Proceso Marroquí de Consumo y Producción Sostenible, dirigido por PNUMA y El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES). Es una iniciativa a nivel internacional enfocada a promover las contrataciones públicas sostenibles en países desarrollados y en desarrollo. Desde el 2008, el objetivo ha sido desarrollar un enfoque para la aplicación de la contratación pública sostenible en 14 países.

Actualmente existen proyectos pilotos en Mauricio, Túnez, Argentina, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Chile y el Líbano. Como se puede observar gráficamente en la figura 1, el enfoque consiste en primero evaluar el estado de contrataciones del país; identificando el marco legislativo para la contratación y las posibilidades para integrar criterios sociales y ambientales en las actividades de adquisición; realizando un análisis que identifique la capacidad existente de la oferta de bienes y servicios sostenibles; y finalmente el desarrollo, a nivel nacional, de políticas de compras públicas sostenibles, incluyendo un programa de capacitación en compras públicas sostenibles, dirigidos a los funcionarios públicos (PNUMA, 2010).