Es miembro del Consejo Editorial de la Board of the Public Procurement Law Review y colaborador habitual de la PPLR y otras revistas. Trabaja con los principales actores internacionales en la reforma de las adquisiciones y la contratación (como la OMC, el Banco Mundial y los bancos multilaterales de desarrollo, como el BID, la OCDE, IDLO, y las organizaciones comerciales regionales, como COMESA) para promover la armonización de las normas de contratación y de apoyo al comercio internacional y el desarrollo.

Los responsables políticos regulan la contratación pública ya que sin ella, los abusos tales como el favoritismo, el nepotismo y el clientelismo, tendrían la libertad de florecer afectando negativamente los resultados de la contratación. Las regulaciones a la contratación pública promueven la objetividad y la competencia con el fin de prevenir abusos y conseguir valor por dinero. La transparencia también es un componente principal que permite evaluar y saber si las reglas están siendo

acatadas.

Sin embargo, las reglas por sí solas no producirán un sistema de contratación efectivo ‐ este enfoque limitado se traduce en que los resultados suelen ser ignorados, sobre todo cuando las acciones de los funcionarios de contratación están sujetas a la previa aprobación de un organismo central. En estos casos, no existirían responsables ya que siempre habría una persona a quien se le pudiera atribuir la toma decisiones.

Los encargados de la formulación de políticas, reconociendo las desventajas de este método, han avanzado hacia un modelo descentralizado, ligero y regulado – en donde el usuario o a la entidad contratante podrá realizar sus propias compras, sujetas a una supervisión posterior (tales como auditorías internas y externas), y enviar sus quejas y sugerencias. Los funcionarios de adquisiciones han, hasta cierto punto, sido permitidos (y motivados) a usar su iniciativa y a ser innovadores ‐ este enfoque busca los resultados y el rendimiento eficiente, sin aumentar los riesgos de abuso, lo que permite prestarle la atención adecuada al ciclo de vida de costos y a problemas de calidad.

Los instrumentos internacionales principales en materia de contratación como el Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, las Directivas de la Unión Europea y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública, han sido revisadas y actualizadas, permitiendo alcanzar, en términos generales, la flexibilidad descrita anteriormente. Este patrón ha sido reproducido por muchos sistemas nacionales. Durante el mismo período, tras la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y la Agenda para la Acción de Accra, algunas instituciones financieras internacionales adoptaron sistemas nacionales de contratación, los cuales se originan en políticas similares.

En particular, los sistemas electrónicos también apoyan a la integridad, mediante la reducción de la interacción humana en el ciclo de adquisiciones y los contactos personales entre los funcionarios de compras y proveedores, que pueden dar lugar a oportunidades de corrupción.

Otro factor importante en el empuje de estas reformas es la introducción de la contratación electrónica. El potencial de la contratación electrónica se ha documentado de manera extensiva resaltando los objetivos de la descentralización y se expone en el diagrama inferior (Fig. 1). La contratación electrónica incluye la publicidad, la licitación, y acuerdos marco, todos en un formato electrónico. Estas herramientas pueden atraer a una mayor participación y competencia, fomentando una mayor estandarización y una mejor compatibilidad de sistemas y procedimientos a nivel gubernamental; los acuerdos marco pueden garantizar la seguridad del suministro y reducir los costos y el tiempo de transacción, y a su vez reducir la incidencia del uso de métodos de contratación no competitivos (por motivos de urgencia que se podrían haber evitado).

En particular, los sistemas electrónicos también apoyan a la integridad, mediante la reducción de la interacción humana en el ciclo de adquisiciones y los contactos personales entre los funcionarios de compras y proveedores, que pueden dar lugar a oportunidades de corrupción.

Ventajas de la contratación electrónica (reproducidas con permiso del Banco Mundial)

Las normas modernas de contratación también incluyen nuevos métodos de adquisición y tienen un enfoque más flexible para poder utilizarlas en distintos casos. La propuesta de la Ley Modelo de la CNUDMI, por ejemplo, tiene diez métodos de adquisición (además de la licitación abierta) diseñados para incluir herramientas que beneficien todo tipo de compras, desde productos pre‐diseñados hasta productos de alta complejidad. Para facilitar la selección e implementación, la CNUDMI tiene una serie de condiciones que deben cumplirse y además prestan servicios que ayudan a la entidad contratante elegir el método más conveniente. Sin embargo, estas reformas pudieran tener consecuencias inesperadas, como por ejemplo: pudieran crear un sistema ineficiente con exceso de reglas y procedimientos, incluso en casos en dónde un solo proceso bastaría. La dificultad en la toma de decisiones impone costos administrativos y crea ineficiencias en el sistema (requiriendo un aumento en inversiones los cuales pueden sobrepasar las ganancias). Las decisiones previas al inicio de la contratación deben ser documentadas y justificadas; en el caso donde los métodos de contratación son altamente regulados, la selección de las mismas pueden distorsionarse ya que existen métodos que son más fáciles de utilizar que otros.

Aquí, también, la contratación electrónica desempeña un papel importante. La aplicación de herramientas TIC al sistema de adquisiciones puede mejorar las capacidades de supervisión, monitoreo y evaluación, facilitando la evaluación de costos y beneficios de un sistema más flexible, conjuntamente, dichas herramientas podrán identificar, por medio de software especiales, aquellas decisiones que estén fuera de lo normal. Estas medidas se refuerzan cuando los sistemas de contratación están integrados a la planificación, y a la administración de contratos, presupuestos y sistemas de pago (las cuales pueden incluir facturaciones y pagos electrónicos). La información se puede compilar de manera tal que se puedan analizar las necesidades del sistema, de las entidades contratantes, y de los usuarios con en el fin de desarrollar soluciones adecuadas: algunos métodos pueden eliminarse, ya sea por pérdida de utilidad; otras medidas podrán ser limitadas a funcionaros expertos, ya que requieren, para su funcionamiento adecuado, un alto nivel de capacitación. La documentación y justificación son procesos que pueden automatizarse. Al mismo tiempo los gobiernos podrán supervisar el rendimiento general del sistema descentralizado.

La contratación electrónica efectiva implica por lo tanto, una reforma integral del sistema, que abarque más allá del aspecto técnico y que de alguna manera busque mitigar los costos implicados con los sistemas modernos de contratación. Sin embargo existen ciertas limitaciones, el sistema electrónico no compensará a un sistema complejo que impide el funcionamiento correcto de la contratación pública. Por otra parte, la evaluación y los análisis requeridos tienen un costo, de mismo modo, el escrutinio constante y el castigo a decisiones riesgosas pero poco exitosas, puede dar origen a una dictadura por parte del auditor, hecho que estaría contrarrestando las ventajas (innovación e iniciativa) propuestas por el nuevo sistema.

No obstante, la contratación electrónica sigue siendo una poderosa herramienta para mejorar los resultados de la contratación, fomentar la cooperación regional y el intercambio de experiencias, lo cual puede ayudar a amortizar los costos de inversión. En este sentido, una red como la RICG, con sus publicaciones de boletines y noticias, las conferencias y demás actividades que organiza, desempeña un papel importante. Suministra un espacio en donde se pueden intercambiar ideas innovadoras y experiencias de implementación: el intercambio de éxitos es útil, de igual manera, aquellas experiencias menos exitosas también sirven de aprendizaje.

El uso avanzado de la contratación electrónica por parte de países avanzados en temas del desarrollo, la geografía, y el marco legal, servirán de ejemplo para que los demás países de la región tengan acceso a las ventajas de la contratación electrónica. Dado que las reformas se mueven desde las compras de la contratación electrónica a la reforma integral del sistema, el papel que juega la RICG continuará siendo importante.