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Los efectos de la agenda anticorrupción en la Contratación Pública en Latinoamérica y el Caribe

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Durante el año 2013, Jorge Claro, Presidente & Director Ejecutivo del Instituto Internacional de Compras Públicas, INPRI, y el Dr. Nikos Passas,Profesor de la Escuela de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Northeastern,condujeron un estudio sobre los efectos de la agenda anticorrupción en la Contratación Pública en Latinoamérica y el Caribe. El estudio fue realizado en Colombia, Jamaica, México y Perú con implicaciones para todos los demás países de la región. 
El Financiamiento para el estudio fue provisto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales (BPR) administrada por FLACSO; el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, por medio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y OCR Services, una empresa norteamericana que ofrece soluciones de ventanilla única de comercio internacional, alrededor del mundo.
Promover la Integridad y rendición de cuentas son objetivos muy importantes de las reformas anticorrupción en lo que respecta al gobierno, las empresas y la sociedad en general. Así como todas las partes interesadas están comprometidas con  stos valores y metas, también poseen gran interés en operar en un ambiente que promueva el crecimiento económico, la buena gobernabilidad, la competencia saludable y las relaciones productivas público-privadas, las cuales están siendo das por la corrupción y el soborno. Las significantes cantidades involucradas en la CP tornan el proceso vulnerable al abuso, de tal manera que la ley y otras reformas en varios países aspiran a mejorar la vigilancia y la eficiencia.
En términos abstractos, las dos metas de políticas públicas son consistentes y se apoyan mutuamente. Las reglas y los procedimientos sobre la transparencia, conflictos de interés, mecanismos de control y equilibrio, sirven tanto a los programas anticorrupción como a la CP. Sin embargo, la implementación de nuevas medidas estipuladas por las normas internacionales o leyes domésticas, las prácticas actuales y los arreglos institucionales parece dejar margen para mejorar. Los resultados sugieren que muchas medidas anticorrupción producen efectos negativos no intencionados, como burocracia excesiva y complejidad, retrasos, ineficiencias y, en algunos casos, hasta incentivos para la corrupción.
¿El esfuerzo anticorrupción ha alcanzado un punto de retorno decreciente?

¿Será posible que algunos esfuerzos nacionales anticorrupción, a pesar de ser dirigidos a mejorar la gobernabilidad, debiliten esa meta con medidas coordinadas?

Algunos hallazgos del Estudio incluyen:
  • El severo legalismo y la proliferación de leyes, regulaciones, reglas, procedimientos y manuales, más la cultura burocrática prevaleciente en la región, han afectado la eficiencia y eficacia de los procesos de compras volviéndolos pesados, lentos y costosos. Esto es agravado por una agenda anticorrupción concentrada en la CP, lo que ha traído controles y pasos adicionales y hasta una presunción de culpa y corrupción hasta que se pueda comprobar lo contrario, lo cual, aparentemente, está causando beneficios decrecientes;
  • Los impedimentos que esto ha creado en la eficiencia yeficacia de los procesos de compras son ciertamenteobvios y un llamado constante de auxilio por parte delos operadores;
  • Existe una gran falta de capacidad para comprar deforma eficiente y oportuna con un recurso humano pobremente entrenado y en la mayoría de los casos pobremente remunerado;
  • A nivel central, las direcciones de las entidadespúblicas y privadas pueden ser mejoradas y su rol aclarado ya que existe confusión con respecto a roles y responsabilidades;
  • Por lo general, sólo las ofensas relativamente menores son procesadas o sancionadas, mientras algunas reglas continúan siendo eludidas;
  • Parece haber una falta de estrategia y coordinaciónentre la lucha anticorrupción y la CP;
  • La identificación de buenas prácticas y la determinación de qué realmente funciona en términos de combatir la corrupción, sin paralizar el proceso de CP, todavía es muy débil. 
En resumen, los aparentes beneficios de controles más abundantes y estrictos no se pueden considerar asegurados. La falta de claridad normativa, complejidad y mal funcionamiento institucional debilita la CP y los objetivos anticorrupción, así como la gobernabilidad, el estado de derecho y la legitimidad. Esta situación hace necesario un enfoque mucho más estratégico y un replanteamiento que tome en consideración el amplio contexto socioeconómico y de políticas públicas.
Recomendaciones 
En términos de lo que se puede hacer para abordar algunos de los muchos problemas resaltados, se incluyen algunos pasos inmediatos y prácticos que podrían ser considerados. Por ejemplo, la simplificación de procesos, el fortalecimiento de las capacidades, el uso mejorado de sistemas electrónicos de compras y otras medidas concretas. Aún más urgente y esencial, sin embargo, es el desarrollo de una estrategia de reforma anticorrupción de la CP, con la participación de todos los interesados. Esto incluiría la introducción del concepto de rendición de cuentas, la identificación de problemas, prioridades y vulnerabilidades, así como la identificación de líderes anticorrupción. Una vez hecho esto, se puede seguir con discusiones y debates instruidos sobre las acciones necesarias, métodos, estrategias y soluciones, que conducen a la identificación de factores y criterios, de acuerdo a los cuales la simplificación de procedimientos y normas puede ser llevada a cabo sin debilitar las metas anticorrupción. 
Otras medidas de corto plazo incluyen el desarrollo de indicadores de desempeño y recopilación y análisis de casos de mala conducta, al igual que de datos de los procesos y resultado de las acciones. Todo esto produciría información y efectos visibles consistentes con las metas estratégicas, mientras se fomenta un mayor crecimiento del movimiento anticorrupción, credibilidad, apoyo moral a líderes de integridad, impulso adicional y legitimidad. 
Igualmente, los países podrían optar por considerar lo siguiente: 
  • Simplificar el sistema de registro y calificación así como el proceso de aplicación en general;
  • Ofrecer fechas limites razonables para las respuestas a las convocatorias y entrega de bienes y servicios;
  • Fomentar la definición de términos de referencia más claros y transparentes;
  • Hacer un menor uso de excepciones y estados de emergencias para compras públicas;
  • Asegurar que se establezcan organismos independientes apropiados y se le conceda poderes para revisar protestas y quejas;
  • Permitir que las ceremonias de apertura de ofertas procedan sin requerir la presencia física de los licitantes, particularmente para los proyectos pequeños;
  • Pagar a los proveedores puntualmente;
  • Investigar y aprovechar las ventajas del conocimiento del mercado;
  • Proveer asistencia en la preparación/entrega de propuestas;
  • Encarar los casos grandes de corrupción;
  • Enfocarse en la raíz del problema de la corrupción;
  • Profesionalizar la carrera de los oficiales de compras;
  • Lanzar campañas educacionales de integridad desde la escuela hasta la universidad y preparación profesional;
  • Ampliar la red de influencia de las entidades anticorrupción a todos los interesados y replicar su trabajo a nivel de gobierno local y regional;
  • Entrenar monitores anticorrupción de la sociedad civil;
  • Promover acción colectiva como los “Pactos de Transparencia” de Colombia y el “Tren Suburbano” de México;
  • Conectar políticas anticorrupción y acciones con la gestión de desempeño;
  • Construir y emplear indicadores de desempeño al igual que puntos de referencia para evaluar y monitorear el progreso hacia la implementación de políticas y reforma;
  • Desarrollar herramientas en línea para reconocer alarmas de corrupción en compras públicas e involucrar a la Sociedad Civil como monitores para minimizar oportunidades de corrupción.
En conclusión, el estudio muestra que a pesar de las buenas intenciones detrás de los esfuerzos de reforma anticorrupción y de la contratación pública, hay muchas consecuencias no deseadas y márgenes de mejoría considerables. El estado actual de la situación prácticamente invalida el alcance de metas claves con respecto a estas áreas de políticas interconectadas.
A la luz de las iniciativas globales, nacionales y regionales para implementar la agenda anticorrupción, una mayor gobernabilidad y sistemas de compras más eficientes y transparentes, la relevancia de los hallazgos claramente trasciende a los países del estudio. Los numerosos problemas identificados, retos constantes, lecciones aprendidas y www.ricg.org Organización de los Estados Americanos – Banco Interamericano de Desarrollo – Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 6 Mayo de 2014 No. 18 recomendaciones de políticas son aplicables y deben de ser consideradas en otros países y continentes.  
El problema es significativo y necesita ser enfrentado urgentemente. Hay una ventana de oportunidad para abordar esta problemática de una manera estratégica y holística para implicar a todos los interesados y coordinar políticas y planteamientos basados en datos empíricos y análisis reflexivos. La falta de acción o la continuación en la forma actual de abordar la situación podría empeorar las cosas, mientras las instituciones echan raíces, los intereses son establecidos y los hábitos son formados. Los formuladores de políticas y las instituciones bilaterales y multilaterales harían bien en actuar ahora, antes de que esta ventana de oportunidad se cierre.
Los autores reconocen y agradecen profundamente el apoyo recibido de parte de los entes financieros y todos los participantes del estudio.

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Acreditación y Certificación de profesionales de la Contratación Pública y entidades responsables. Beneficios, retos y experiencias
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