Esta primera misión se realizó en el marco de la Asistencia Técnica otorgada al Gobierno de El Salvador, con el fin de reunirse con los principales actores del sector público y privado relacionados con la Compra Pública Sostenible, con el fin de recabar información que permitiera alinear enfoques y expectativas del proyecto y en particular, establecer las prioridades nacionales que se estarán atendiendo a través de la implementación de la Compra Pública Sostenible. Asimismo la misión permitió conocer la posición de los distintos sectores respecto al tema de la Compra Pública Sostenible e iniciar el proceso de investigación para la posterior selección de las categorías piloto de productos o servicios que serán objeto del análisis del proyecto.  

Durante la misión realizada en El Salvador, se procedió a realizar reuniones con representantes de las siguientes organizaciones: Ministerio de Hacienda- Unidad de Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), Instituto Salvadoreño del Seguros Social (ISSS), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Salud (MINSAL), Corte de Cuentas de la República, Consejo Nacional de Energía (CNE), Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Economía- Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).

Durante la reunión con la UNAC (contraparte del proyecto) se pudo constatar el compromiso existente en impulsar la Compra Pública Sostenible y lo oportuno de la realización del proyecto debido a que actualmente se encuentra en proceso una reforma de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y la UNAC considera pertinente que entre los cambios que se están incorporando a la ley y como resultado del presente proyecto se incorporen artículos relacionados al impulso, implementación y regulación de la Compra Pública Sostenible. 

Para las reuniones realizadas con las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIs) encargadas de la ejecución de los procesos de contratación del sector público, se seleccionaron para reunión el Instituto Salvadoreño del Seguros Social (ISSS), del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), y de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Estos son los mayores compradores del sector público (más del 50% del presupuesto de compras ejecutado a nivel nacional) y hacen grandes adquisiciones a las micro y pequeñas empresas. Estas instituciones manifestaron que los principales retos que perciben son el capacitar a los funcionarios en la implementación de criterios ambientales y sociales a las compras (considerando de utilidad contar con una guía en este sentido) y el sensibilizar a los auditores de Corte de Cuentas de la República, ya que el proceso de fiscalización es sumamente estricto y los funcionarios se muestran aprehensivos de seleccionar ofertas que no sean las más económicas luego de la evaluación técnica ya que la LACAP establece que las adquisiciones deben hacerse con el criterio de mayor valor por dinero pero no incorpora la valoración ambiental y social dentro de los parámetros de compra.

Conclusiones: 

Las reuniones agendadas en las diferentes organizaciones, pusieron de manifiesto la aceptación y apertura hacia la implementación de la Compra Pública Sostenible como herramienta para contribuir al desarrollo de El Salvador, especialmente desde el punto de vista estratégico. 

Los mayores retos que se identificaron a través de las unidades de compra fueron:  

• La necesidad de capacitación de los funcionarios de los diferentes entes del sector público en particular los funcionarios de las UACIs (unidades de compra) respecto al tema. También se resaltó la necesidad de capacitación de los auditores de la Corte de Cuentas encargados de la fiscalización de la gestión pública que es clave para evitar resistencia por parte de los funcionarios de incorporar criterios adicionales (no financieros) a las decisiones de compra. 
• La necesidad de que la implementación de la Compra Pública Sostenible sea un proceso progresivo que permita la adaptación de los proveedores a los nuevos criterios y la muy necesaria capacitación de los funcionarios mencionada en el punto anterior.
• La evaluación de la capacidad instalada en el país en diferentes áreas (i.e manejo de residuos), a fin de evitar la incorporación a destiempo de criterios sostenibles a las compras del Estado. 
• Lograr la coordinación interinstitucional que es clave dado que esfuerzos anteriores en el tema de Compras Sostenibles no han sido exitosos por falta de divulgación y apoyo intersectorial.  
• Analizar alternativas para las limitaciones de participación de los oferentes en el caso de las PYMES que incluyen el período de pago (60-90 días en general) y la dificultad para cumplir con requisitos de garantías además de los ambientales. En el caso de las medianas y grandes empresas es por desinterés en contratos que consideran de poco valor. 
• Aunque COMPRASAL se identificó como una herramienta de uso generalizado por parte de las UACIs es de uso limitado en su mayoría para publicación de procesos y resultados de las adquisiciones ya que muchos de los proveedores no hacen uso de la herramienta, por lo cual las UACIs en paralelo realizan la publicación de las solicitudes de oferta en otros medios regulados por la LACAP como periódicos o alternativos como por ejemplo, vía correo electrónico para libre gestión. 

Respecto a las oportunidades existentes para la implementación de la Compra Pública Sostenible en el país, se detectó: 

• Posibilidad de generar sinergias entre las UACIs con las unidades ambientales y los Comités de Eficiencia Energética de cada uno de los organismos visitados y en general las instituciones del sector público. 
• Posibilidad de dar un impulso decisivo a la Compra Pública Sostenible mediante la incorporación del concepto a los lineamientos de adquisiciones del Estado establecidos en la LACAP (identificado por los funcionarios como un factor de éxito) ya que la ley está actualmente siendo objeto de una reforma y es el propósito de la UNAC que la CPS sea incorporada a la Ley, así como otros conceptos que apoyan la CPS como los convenios marco, las subastas inversas, entre otros. 
• Respecto a las prioridades nacionales e institucionales, existen esfuerzos que se están realizando a nivel país tales como la CONASAV y las instituciones se encuentran trabajando en pro de lograr las metas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019; respecto a estas metas, la CPS es una herramienta que puede contribuir claramente con la consolidación de un modelo de crecimiento económico equitativo, inclusivo y generador de empleo digno y con el desarrollo de las capacidades de las personas; fortalecer el tejido social de la comunidad en la que se desenvuelven, y reconciliar la relación entre el Estado, la economía y la naturaleza. 
• El tema de eficiencia energética, se pudo identificar como un tema de interés nacional en el cual se encuentran concentrados esfuerzos e iniciativas por parte del sector público y de interés para el sector privado dado los ahorros que genera y por ende la claridad de los beneficios que un enfoque de ciclo de vida incorporado a la compra conllevan. Más allá de esto, los planes de gestión ambiental en el sector privado son puntuales pues la percepción es que los empresarios no se encuentran anuentes a realizar cambios que no les resulten rentables desde el punto de vista financiero; en el caso del sector público el tema de eficiencia energética es manejado en cada una de las instituciones por un Comité de Eficiencia Energética que reporta al CNE y en este sentido se han hecho esfuerzos en la sustitución de aires acondicionados por equipos más eficientes y menos contaminantes así como la sustitución de luminarias, este último proceso ha sufrido el impacto negativo causado por la falta de capacidad instalada para tratar de forma adecuada los residuos. 

En lo referente a sectores específicos como las MIPYMEs, CONAPYME verifica que se cumpla con una cuota de 12% de asignación de contratos a estas empresas a través de la consulta y análisis de información generada del Portal de COMPRASAL, el cumplimiento de no contratación de mano de obra infantil se determina mediante una declaración jurada que realiza el oferente y en el caso de personas con discapacidad hasta el momento no es un tema que se le da mayor relevancia en las contrataciones y que en los casos puntuales del sector privado que desean brindar oportunidades a esta población, encuentran retos importantes en lo referente a la adecuación de la infraestructura del país para facilitar la accesibilidad y movilidad.