Estas recomendaciones apuntan en general a cambios que, si bien son  necesarios, no son suficientes para una mejora sensible en la transparencia del gasto  público y en el alza de la calidad de bienes y servicios que el público adquiere. Como  se aprecia esos cambios son sustanciales pero se necesita que estén vigentes  durante un plazo lo suficientemente largo como para que generen señales positivas  en los distintos actores del proceso de adquisiciones.