La Responsabilidad Social es un término que involucra, entre otros, dos importantes sujetos: Las empresas y el Estado. Así surge el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que ha sido definido por la Comisión Europea como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”. Este concepto implica que las empresas deben aplicar un proceso destinado a incorporar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores.

Al respecto se puede señalar que las empresas son las encargadas de liderar el desarrollo de la RSE, pero el Estado cumple un importante rol de apoyo e incentivo a través de medidas directas e indirectas y acciones reguladoras concretas.

Es así como el Estado puede adoptar políticas en distintos ámbitos para incentivar la RSE en el mercado. Uno de estos ámbitos es la contratación pública.

Estas políticas establecen que la contratación pública considere ciertas consideraciones sociales, tales como, promoción del trabajo digno; respeto de los derechos humanos y laborales; el apoyo de la inclusión social, la economía social y de las PYMES; la promoción de la igualdad de oportunidades; la inclusión de criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta la ética comercial y el logro de una mayor adhesión voluntaria de la RSE.

Lo anterior se ejecuta mediante la efectiva incorporación de dichas consideraciones sociales en los procesos de compras. En concreto, los compradores públicos cumplen con lo anterior, a través de:

Ahora bien, los compradores, al incorporar en sus procesos de compras, condiciones sociales, debieran hacerlo sin vulnerar el marco jurídico imperante y los principios de trato igualitario, no discriminación y transparencia, por un lado, y respetando las condiciones económicas y de mercado, por otro. Esto, para que el respeto y cumplimiento de los objetivos de la responsabilidad social no afecten ni perjudiquen el acceso al mercado ni la competitividad de las empresas que participan en él.

Finalmente, ¿Cuáles serían los beneficios de la incorporación de consideraciones sociales en las compras públicas?

Entre los beneficios, se destacan el cumplimiento de metas sociales y económicas; la creación o el aumento del mercado de productos que benefician socialmente; la integración de los grupos minoritarios; el fomento del desarrollo local y de la cohesión social, y en general, una mejora de la calidad de vida de las personas.