En el sector público, las especificaciones que se 
soliciten en las compras deben ser claras y concisas
(así como permitir libre competencia y otros 
principios según la normativa de cada país). 
Debido a la gran cantidad de opciones que el 
mercado ofrece, tanto en autodeclaraciones de los 
fabricantes como en certificaciones de terceras 
partes, podría ser perjudicial indicar solamente que 
se desea un producto “amigable con el ambiente” o 
“socialmente responsable” y no especificar qué 
aspectos se evaluarán.