En América Latina, diversas reformas a los marcos 
jurídicos e institucionales, son muestra de los 
esfuerzos por mejorar la prestación de servicios 
públicos, pero su recurrente fracaso, hace pensar 
que tal vez la línea de reformas elegida no sea la más 
adecuada, pues hasta ahora se han centrado en 
estrategias prohibicionistas con predominio de lo 
jurídico, en donde el espacio a nuevas vías, como la 
alternativa tecnológica, se ve muy reducido. A pesar 
de ello, el desarrollo del gobierno electrónico es una 
alternativa que ya está siendo explorada por algunos 
países de la región[1]. En algunas áreas Costa Rica 
empieza a tener una clara ventaja frente a los países 
centroamericanos pero no así con los países de 
ingreso medio de América Latina que son o serán sus
reales competidores en la medida en que 
profundicemos nuestra participación en los 
mercados de mayor valor agregado a nivel mundial. 

Un elemento fundamental en la modernización del 
Estado es la incorporación de tecnologías de 
información para la automatización de procesos y 
esa tarea empezó hace décadas1
. Sin embargo, el 
concepto de e-government va mucho más allá. Es 
una oportunidad de adoptar un paradigma basado 
en la búsqueda de mecanismos de colaboración más 
efectivos entre las distintas entidades públicas, e
incluso los mismos ciudadanos para atender 
problemas complejos y compartidos, teniendo como 
fin la eficiencia en la prestación de servicios y la 
eficacia en la atención de los usuarios. Las nuevas 
tecnologías y modelos de gestión abren también la 
posibilidad de construir mejores y más productivas 
relaciones con el sector privado, la academia, la 
comunidad inversionista y todo tipo de 
organizaciones nacionales o internacionales.