La Organización de los Estados Mericanos (OEA), en su rol de secretaría técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), con el apoyo institucional y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta el Estudio «Profesionalización del comprador público como factor de impacto en el desempeño del sistema de contratación pública: análisis comparado y Toolkit», un diagnóstico regional desarrollado en el marco de la RICG, basado en la información provista por parte de 15 países de América Latina y el Caribe*, que evidencia avances importantes, pero también brechas estructurales que limitan el impacto de la contratación pública.

* (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay).

El estudio revela, por ejemplo, que solo el 33% de los países cuenta con sistemas formales de certificación, apenas un 20% mide el impacto de la capacitación en el desempeño, y la mayoría carece de incentivos y trayectorias profesionales específicas para los compradores públicos. Esto refleja que, las brechas en la profesionalización del comprador público no son aisladas, sino sistémicas, y generan impactos directos en el desempeño de los sistemas de contratación pública, afectando costos, tiempos, calidad del gasto e integridad.

Frente a este desafío, el estudio propone un enfoque innovador a través de un toolkit práctico que permite a los países avanzar de manera estructurada en tres (3) componentes complementarios, articulados por un sistema de incentivos explícito que asegura su sostenibilidad:

1. Líneas de acción estratégicas, que orientan las decisiones institucionales necesarias para que la
profesionalización avance de manera coherente e incorporen incentivos adecuados al desarrollo de
capacidades.

2. Propuesta de hoja de ruta en tres etapas, con hitos claros, que permite a los países avanzar desde
condiciones básicas hasta un sistema plenamente operativo, alineando progresivamente formación,
certificación y reconocimiento profesional.

3. Conjunto de indicadores de desempeño, dirigidos a medir conocimiento, práctica y resultados, y a generar señales objetivas que sustenten incentivos y decisiones de política, asegurando que la profesionalización se traduzca en mejoras tangibles en la gestión contractual y en la eficiencia del gasto.

El mensaje central es claro: la profesionalización no es solo capacitación, sino la construcción de una arquitectura institucional que articule competencias, certificación, incentivos y carrera, posicionando la contratación pública como una función estratégica del Estado orientada a generar valor público.