Hoy en día existe un gran consenso internacional en cuanto a la urgente necesidad de fortalecer 
los regímenes democráticos, estimulando el desarrollo económico y social de los pueblos y promoviendo el surgimiento de una sociedad civil cada vez más fuerte. Sin embargo, en un contexto 
de rápidas y radicales transformaciones económicas e innovaciones tecnológicas, «el funcionamiento de la democracia y el mercado pueden llegar a tropezar con la estructura tradicional de 
las instituciones estatales, las precarias modalidades de gestión del Estado, la inadecuación de las 
políticas públicas y la obsolescencia de los ordenamientos jurídicos». (Equipo de Modernización 
del Estado del BID, 1994)

Esto demanda, en consecuencia, una profunda modernización de las 
instituciones del Estado, que le otorguen a éste los instrumentos y capacidades necesarias para 
cumplir eficaz y eficientemente su nuevo rol.