Esta alternativa podría diseñarse para no implicar un costo adicional a la MIPYME, pero si exigiría un costo al gobierno.

Una tercera alternativa sería exigir a la empresa beneficiaria una comprobación de su estratificación MIPYME de parte un despacho contable autorizado, es decir, que el gobierno delegue la facultad en un tercero para ahorrarse costos. Ello tendría la desventaja de inhibir la participación de las MIPYMES en las contrataciones públicas, ya que seguramente implicaría un costo adicional sustantivo para la empresa.

Ya sea que se opte por un mecanismo de mercado o de preferencia puras, es necesario tener claridad sobre las herramientas que habrán de desarrollarse para facilitar y fomentar la participación de las MIPYMES en las contrataciones públicas. Un aspecto en el que parece no haber opción es la utilización de las herramientas electrónicas. Debe optarse por ellas. Como bien señala nuestro amigo Miguel Porrúa, Secretario Técnico de la RICG, pueden gustarnos o no, pero la extensión que alcanza su utilización es tal que no emplearlas nos deja fuera de la forma de hacer las cosas hoy en día.

En particular, un portal informativo y transaccional electrónico (y gratuito, naturalmente) para las contrataciones públicas es indispensable para “emparejar el terreno” y permitir la misma posibilidad de participación de las MIPYMES que de las empresas grandes. La capacitación, tanto de los funcionarios compradores como de los empresarios, para la comprensión y utilización de las normatividades y herramientas disponibles, debe preverse antes de la implementación de las mismas.

Los medios electrónicos presentan un gran potencial para acercar la capacitación al mayor número posible de participantes, ya no como un complemento a los cursos presenciales, sino en muchos casos como mecanismos fundamentales. No puede dejarse de lado la existencia de mecanismos de financiamiento, que son particularmente importantes para las MIPYMES. Estas requieren contar capital de trabajo para cumplir sus contratos en condiciones que a veces no puede ofrecer la banca comercial, creando una oportunidad interesante para la banca de desarrollo. El factoraje electrónico es una herramienta ideal en este caso.

Finalmente, es muy conveniente tener claro cómo se medirán y comunicarán los resultados de política de adquisiciones públicas a MIPYMES. En México, emulando en cierta medida el mecanismo norteamericano, cada entidad compradora del Gobierno Federal tiene una meta anual de compras a MIPYMES, expresada en pesos mexicanos, y hasta 2011 se informaba sobre el avance de manera mensual con el método del ‘semáforo’. A partir de 2012 la actualización de dicha información se hará varias veces por semana y se podrá consultar en Internet.

Para concluir, cada gobierno que se plantee utilizar las contrataciones públicas como un mecanismo de fomento de las MIPYMES deberá adaptarse a su realidad institucional y normativa para el diseño e implementación de su política particular, pero difícilmente podrá evitar hacerse las preguntas que derivan de las consideraciones discutidas aquí. Como última recomendación, no omito mencionar algo que parece una obviedad: los puntos finos de la política implementada deberán ajustarse lo mejor posible a la realidad económica del sector MIPYME de cada país y ser consistentes, de preferencia, con el modelo económico amplio seguido por el gobierno.