Tanto la Constitución Nacional como la de nuestra Ciudad reconocen expresamente el derecho a gozar de un ambiente sano. Hacer realidad esta manda constitucional engendra obligaciones para todos 
sus habitantes y específicamente para quienes ejercen funciones de gobierno.

En este sentido, los ejemplos emanados de la esfera gubernamental adquieren enorme importancia, 
poniendo de relieve la existencia de un verdadero compromiso con la calidad ambiental.
Según datos de la Unión Europea, las compras y contrataciones de bienes y servicios del sector pú-
blico representan entre el 11 y el 20 % del PBI de sus estados miembros, lo que a falta de datos locales, 
(que deberemos desarrollar), echa luz acerca de la magnitud que adquiriría introducir el principio de 
sostenibilidad en las compras públicas de la Ciudad de Buenos Aires.