El Plan fue diseñado teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Expertos, así como el hecho de que la gran  mayoría de los funcionarios públicos se desempeñan a nivel provincial y municipal2  y la organización jurídico política de  nuestro país; siendo la República Argentina un país de organización federal, las provincias y municipios son autónomos  pero han delegado en el Gobierno Federal las relaciones exteriores. En tal sentido al ratificar el Estado Argentino la  Convención, las provincias y municipios están igualmente obligados por el Tratado.  El Plan Provincias tuvo su primer tramo de ejecución, bajo la modalidad de Plan Piloto, con el apoyo financiero de una  Donación del Banco Mundial (IDF 027282) hasta octubre de 2004. Las actividades se llevaron adelante tras la  suscripción de acuerdos de cooperación entre los gobiernos provinciales y la oficina nacional. Estos acuerdos reflejan la  voluntad política de las autoridades provinciales de avanzar en esta temática con la asistencia de la Oficina  Anticorrupción.