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Participación RICG: “Congreso Internacional de Contrataciones Públicas: El Poder de las Buenas Prácticas ante el Dinamismo Desafiante”.

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Durante los días 03 y 04 de junio de 2024, la OEA como Secretaría Técnica de la RICG, participó en el “Congreso Internacional de Contrataciones Públicas: El Poder de las Buenas Prácticas ante el Dinamismo Desafiante”, realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos de Aires (UBA), Argentina.

El evento estuvo organizado por el Consejo de la Magistratura, en conjunto con el Parlamento y el Poder Ejecutivo del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, tuvo como propósito promover e invitar a reflexionar sobre el rol que las Contrataciones Públicas tienen, no solo para el cumplimiento de las funciones de cada órgano jurisdiccional, sino también como aporte a un desarrollo productivo equitativo, inclusivo, ambientalmente sustentable, desburocratizado y transparente.

Asimismo, el objetivo principal de nuestra participación, representada a través de la ST de la Red -Helena Fonseca-, fue resaltar el impacto de las iniciativas impulsadas por la OEA como Secretaría Técnica de la RICG mediante el panel “El Impacto de las Buenas Prácticas en los Sistemas de Compras Públicas de América Latina y el Caribe”.

Por otro lado, la funcionaria tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades del Municipio del Pilar y del Parque Empresarial Industrial de Argentina para explorar oportunidades de colaboración para la implementación de la Herramienta de Autoevaluación de Proveedores Sostenibles (HAPS), la cual ya ha sido implementada por las jurisdicciones provinciales de Córdoba y Mendoza, y su reciente disponibilidad en el en el sitio de Argentina.gob.ar de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), órgano rector del Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional de Argentina.

La herramienta HAPS tiene como finalidad servir de vehículo para contribuir a la identificación y fortalecimiento de la capacidad del mercado en materia de sostenibilidad; así como promover una mejor toma de decisiones de parte de las entidades públicas en cuanto a la adopción de criterios que generen un mayor impacto social, ambiental y económico, a través de las adquisiciones del Estado.

 

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