Dirección ChileCompras

La relevancia de las CPS como una herramienta para la sostenibilidad es una materia sobre la que Chile ha venido trabajado desde hace tiempo.

Al respecto, la OCDE ha analizado en distintos documentos la utilización de las compras públicas como una herramienta para el logro de “objetivos de política secundarios”, considerando dentro de tales objetivos al desarrollo de las empresas de menor tamaño, enfoque de género, condiciones laborales de los trabajadores, a la innovación, a la responsabilidad social empresarial y, como uno más dentro de esos objetivos, a la protección del medioambiente. En este contexto, la OCDE recomienda que el uso de las compras públicas como herramienta de impulso a los objetivos secundarios, debe ser “balanceado, teniendo siempre en mente que los objetivos primarios de todo sistema de compra pública son la eficiencia, transparencia y probidad.

La Dirección de Compras y Contratación Pública (Dirección ChileCompra) tiene entre sus objetivos globales construir eficiencia en la contratación pública, con el fin de favorecer el buen uso de los recursos públicos. Este objetivo incluye la consideración de la sostenibilidad en tres ámbitos, buscando un adecuado equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales.

ChileCompra ha desarrollado iniciativas, con el fin de conocer otras experiencias en cuanto a cómo generar impacto en el ahorro de los servicios públicos que a través de recomendaciones para que en la contratación de bienes y servicios se incorporen criterios ambientales y de eficiencia energética.

Asimismo, ChileCompra ha desarrollado iniciativas que impulsan las CPS en todas sus dimensiones, no limitándose únicamente a temas medioambientales. De esta manera, ha publicado en www.chilecompra.cl las siguientes directivas:

– Directiva Nro. 33 “Recomendaciones para la innovación en las compras públicas”
– Directiva Nro. 25 “Recomendaciones para la contratación de bienes y servicios incorporando criterios ambientales y de eficiencia energética” (vehículos, papel, ampolletas, y productos de calefacción).
– Directiva Nro. 23 “Orientaciones sobre el pago a proveedores”
– Directiva Nro. 20 “Enfoque de género en materia de compras públicas”
– Directiva Nro. 17 “Contrataciones públicas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades en el mercado público”

Desde el 2014, ChileCompra ha asumido fuertemente el trabajo de integrar las CPS, mediante la consideración de criterios de desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental, generando beneficios no solo para la entidad contratante, sino también para la sociedad y la economía en su conjunto, a la vez que ha reduciendo de manera significativa los impactos negativos sobre el medio ambiente. Con la finalidad de continuar y fortalecer la implementación de los temas de sostenibilidad en las compras públicas, se creó en 2015, el Comité de Sostenibilidad Interno, el cual ha hecho seguimiento al desarrollo e implementación de los compromisos en materia de sostenibilidad que la institución ha adquirido.

La normativa actual de compras públicas contempla una regulación flexible y adecuada, que permite evaluar condiciones medioambientales y de sostenibilidad en las licitaciones públicas; los convenios marco y las contrataciones a través de trato directo. En el caso de las licitaciones y trato directo, son las entidades compradoras las que determinan en qué forma evaluarán los aspectos sostenibles en sus licitaciones, aplicando la normativa vigente y considerando las recomendaciones contenidas en las directivas de ChileCompra; sin embargo, en el caso de los convenios marco, cuya gestión depende enteramente de ChileCompra, la relevancia de las consideraciones de sostenibilidad es mayor, puesto que representan casi el 23% del total de los montos transados.

En 2017, se publicaron cuatro convenios marco, de los cuales tres incluían consideraciones de sostenibilidad. En 2018, se publicaron dos, teniendo ambos estas consideraciones.

Cabe resaltar que ChileCompra obtuvo en mayo de 2019 el Premio de Naciones Unidas al Servicio Público (UNPSA) en la categoría “Promoviendo servicios públicos sensibles al género para alcanzar los ODS” por su programa “Más mujeres en las compras públicas”.

En suma, Chile ha avanzado en materia de CPS desde el 2016, toda vez que ha desarrollado criterios ambientales y eficiencia energética, tales como lámparas, vehículos, papel, calefacción, mejor pago a proveedores, compras con promoción de la mujer proveedora, compras inclusivas, entre otras. A su vez, Chile ha creado acuerdos marco para arriendo de vehículos para el suministro de alimentos, adquisición de vehículos y de ferretería, entre otros. De igual forma, se crearon sellos en el catálogo electrónico, tales como el ProPyme, sello Empresa Mujer, Acuerdo Producción Limpia y sello Cooperativas. El trabajo interinstitucional, derivado de la implementación de las anteriores políticas ha fortalecido el sistema de CPS, y así mismo las sinergias que se han creado con el Ministerio de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Las nuevas compras colaborativas dentro del ministerio han generando mayores ahorros y mejor eficiencia ambiental.

Colombia Compra Eficiente

De acuerdo con la Evaluación del Sistema de Compras Públicas de Colombia con la Metodología “MAPS” (Methodology for Assessing Procurement Systems por sus siglas en Inglés) en el 2017, y a pesar de que existen diversas acciones de política en el área de CPS, no existe una estrategia integral sobre el tema.

En junio de 2018, y en línea con las recomendaciones derivadas de la evaluación MAPS, Colombia Compra Eficiente, como ente rector de las compras públicas, publicó la “Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente” y la “Guía de Compras Públicas Socialmente Responsables”, con el objetivo de difundir buenas prácticas para la incorporación e implementación de criterios de sostenibilidad en los procesos de abastecimiento público. Esta herramienta, se suma a los instrumentos desarrollados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante la implementación de la Política de Producción y Consumo Sostenible y el Plan Nacional de Mercados Verdes.

La aplicación de estas recomendaciones permite a las Entidades Estatales generar mayor valor por dinero en sus compras, pues los lineamientos permiten satisfacer las necesidades públicas al tiempo que se reducen los impactos ambientales negativos relacionados con el ciclo de vida del bien o servicio contratado.

Durante el proceso de estructuración y socialización de las Guías, Colombia Compra Eficiente ha establecido que uno de los principales obstáculos para una implementación exitosa de la política de CPS, es la falta de preparación del mercado para incorporar técnicas de producción y distribución sostenible es las cadenas de valor. Esta falencia limita las estrategias (criterios, mecanismos o requisitos) que las Entidades Estatales pueden incorporar a sus procesos con el objetivo de contribuir a la preservación del capital natural.

Aunado a lo anterior, la información de cumplimiento de criterios verdes es asimétrica entre los diferentes sectores económicos, ya que existe sobreabundancia de instrumentos de política pública y un déficit de normativa vinculante sobre la materia, lo cual representa una barrera significativa para la incorporación confiada de criterios de sostenibilidad en la estructuración de procesos de contratación pública por parte de las Entidades Estatales.

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

El Ecuador, a través de todo su esquema normativo, plantea lineamientos y preceptos esenciales respecto a políticas sostenibles en el ámbito económico, social y ambiental.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 288 establece que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria.

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se establece como uno de los objetivos prioritarios garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. De igual manera, el país promueve la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas dentro de las compras públicas del Estado.

El desarrollo de los profesionales involucrados en los procesos de contratación juega un papel fundamental para el cumplimiento de dichos objetivos. Una de las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (“SERCOP”), es la de capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación pública. En el año 2018 el SERCOP ha capacitado a 7660 funcionarios públicos y 2684 trabajadores de empresas proveedoras del Estado.

El Ecuador viene implementando iniciativas relacionadas con la contratación pública sostenible, como es el caso de la implementación de criterios de vigencia tecnológica, esto es, aquellos criterios que se aplican para la adquisición de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos y equipos médicos. El objetivo de este principio es el de impulsar la compra de bienes tecnológicos de óptimo funcionamiento, con el propósito de que las Entidades presten servicios públicos eficientes.

Además, cuenta con un “catálogo inclusivo” en el que se incluyen servicios de mantenimiento, limpieza, preparación de alimentos, construcción, cafetería, entre otros. En cuanto a servicios incluye productos textiles, alimenticios, calzado y metalmecánico, entro otros. Actualmente se encuentran realizando pruebas piloto de compras de innovación.

El Estado ecuatoriano, con el fin de continuar con la consolidación de compras públicas que garanticen el mejor valor por dinero, procura seguir promoviendo CPS generando múltiples beneficios como la generación de ahorros financieros y energéticos, así como una mayor inclusión de la economía popular y solidaria representada por la Asociados a la Economía Popular y Solidaria (“AEPS”), temas de MIPYMES, el mejoramiento de los servicios ofrecidos y la contratación preferente por localidad.

Para el Ecuador, es importante implementar mecanismos de cooperación internacional que le permitan conocer mejores políticas y programas, con el fin de impulsar modelos de compras públicas sostenibles que otros países se encuentren desarrollando, para así analizar su posible aplicación en la contratación pública ecuatoriana.

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC)

El Salvador cuenta con normativa específica de CPS (Instructivo 02/2015 “Normas para la incorporación de criterios de sostenibilidad para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras públicas”) y una política anual de adquisiciones que contiene criterios de sostenibilidad.

Desde el 2017 cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y la Superintendencia de Competencia para facilitar el acceso de las MYPES a las compras públicas y también ha trabajado en una campaña para identificar empresas lideradas por mujeres, con el fin de incorporarlas al Registro de Proveedores. En este sentido, a través del Decreto 240, las instituciones deben destinar 35% de su presupuesto de compras a MYPES nacionales y 10% a MIPYMES dirigidas por mujeres.

Ahora bien, el Salvador ha generado cambios para incorporar el tema de CPS en la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones, Instructivos, y dentro de la propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -LACAP- que continua su trámite en la Asamblea Legislativa, cuyo resultado implica que las instituciones que forman parte de la Administración Pública, o aquellas que ejecutan fondos públicos para la contratación de obras, bienes y servicios, incluyan dentro de sus pliegos de condiciones aspectos de sostenibilidad en los procesos de compra que lleven a cabo.

Sin embargo, se reconoce que estos avances pueden ser sustanciales si se logra una formación integral, basada en el aprendizaje y fortalecimiento de la capacidades del equipo técnico de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (“UNAC”), para poder desarrollar y retomar prácticas de otros sistemas nacionales de adquisiciones; para ello, el intercambio de experiencias que otros Estados compartirán en el tema de Compras Públicas Sostenibles, serán un aporte significativo para avanzar en el desarrollo de la Compras Públicas Sostenibles del Salvador.

Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE)

La Dirección General de Adquisiciones del Estado (“DGAE”) como ente rector de las compras y contrataciones, ha realizado esfuerzos como parte de las acciones indicadas por el Estado en pro de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, y del “Plan de desarrollo K’atun 2032”, con el fin de reducir el impacto que tienen las compras públicas sobre la naturaleza y el medio ambiente, a través del manejo de residuos, gestión sostenible de recursos hídricos, conservación de bosques, promoción de agricultura familiar, entre otros; y los beneficios de contar con instrumentos o mecanismos que permitan alcanzar los objetivos y compromisos adquiridos por el estado guatemalteco.

Como parte de los esfuerzos a resaltar se mencionan los siguientes:

– En las Adquisiciones de obras (inversión pública) para cumplir la iniciativa denominada “Cost”, se le solicita a las entidades compradoras contar en sus proyectos con los siguientes documentos:

* Estudio de Impacto Ambiental, que permita determinar el impacto que tendrá la inversión pública sobre el medio ambiente.
* Dictamen sobre el “Estudio de Impacto Ambiental” emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

– El cumplimiento y la aprobación de la inversión debe ser autorizada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (“SEGEPLAN”).

– El Estudio y el Dictamen son requeridos por el sistema GUATECOMPRAS en el momento de realizar la publicación de la convocatoria del concurso.

Lo anterior pretende reducir el impacto ambiental a la hora de invertir recursos públicos.

Pese que hasta la fecha no se cuenta con un instrumento que permita incluir dentro de los requerimientos de la compra alguna condición sobre CPS; la DGAE incluyó el tema de las CPS en la nueva propuesta de Ley de Contrataciones del Estado.

Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

El Estado hondureño ha realizado avances en materia de compras sociales creando un catálogo específico. Desde el año 2013 viene trabajando con una Ley de promoción y desarrollo científico, tecnológico e innovador. Se han realizado estudios de etiquetas ecológicas y los productos que se podrían incluir en el catálogo electrónico.

Aunado a lo anterior, uno de los mayores logros de Honduras en materia de contratación pública es la reforma de Ley de Contratación del Estado, que otorga un marco jurídico robusto en dicha materia.

Sobre el Decreto No. 74-2001 o Ley de Contratación del Estado, se pueden resaltar las siguientes normas en relación con CPS:

– ARTÍCULO 147. “Declaratoria de interés público contempla. “Se declara de interés público el desarrollo de la actividad técnica y profesional relacionada con la prestación de servicios profesionales, así como, la promoción de la capacidad y experiencia empresarial que existe en el país…”.

– ARTÍCULO 149. “Participación de empresas nacionales. Por razones de interés público, las empresas extranjeras deberán dar participación a las empresas nacionales en la ejecución del factor calidad, obra, tiempo y servicios que proyecten realizar en el país, según estuviese prescrito en los Pliegos de Condiciones o términos de referencia.”

– ARTÍCULO 150. “Transferencia de tecnología. Para efectos de lograr la transferencia de tecnología, los funcionarios que intervengan en la precalificación de licitantes o en el concurso, deberán procurar que las empresas o personas extranjeras concedan mayor participación y responsabilidad a los profesionales nacionales, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia correspondientes.”

– ARTÍCULO 151. “Participación de consultores nacionales. Los contratos de consultoría que celebren empresas extranjeras deberán ser ejecutadas en Honduras, debiendo darse participación al personal nacional según estuviere previsto en los términos de referencia.”

De igual manera, cabe mencionar los complementos que se han venido desarrollando en relación a la Ley de Contratación del Estado, así:

– El Acuerdo Ejecutivo No. 055-2002, Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, indica en el artículo 30, que los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una constancia que acredite que se encuentran al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (entre otros documentos). Asimismo, en el artículo 82 establece que, cuando se trata de contratación de obras públicas, esta se encuentra supeditada a la evaluación de impacto ambiental, cuando fuere requerido, y a licencia ambiental, en su caso (entre otras actuaciones).

– El Acuerdo Ejecutivo No. 028-2018, en el artículo 44-A, 44-B y 44-C hacen referencia a la inclusión de la figura del Comprador Público Certificado, como apoyo en los procesos de compras públicas.

Para el año 2020 planean tener un sistema de compras sociales a MIPYMES, tener un 20% de compras ecológicas y un 30% de los contratos de obras deben utilizar productos eficientes en el uso de agua y con materiales recuperados con menores emisiones de carbono.

El mayor desafío de Honduras en la actualidad es la implementación de los procesos de contratación de forma digital, a través de la implementación en la plataforma Honducompras 2.0.

Oficialia Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

México, históricamente a través de la Administración Pública Federal (“APF”), se ha enfocado predominantemente en el factor económico en materia de compras públicas. Sin embargo, en los últimos años ha incluido significativamente criterios medioambientales y sociales, que le permiten seleccionar proveedores que cumplen con dichos parámetros orientados a las CPS.

A través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), México se ha comprometido a fortalecer su normativa y a promover las CPS, encaminadas no sólo a la adquisición de bienes o a la contratación de servicios y obras públicas que generen el menor impacto negativo posible al medio ambiente, sino también frente aquellas que les permitan maximizar los beneficios sociales.

Por ejemplo, el marco normativo de compras públicas establece el uso del mecanismo de puntos o porcentajes, el cual evalúa las propuestas económicas y técnicas de potenciales proveedores, y otorga puntos a personas con discapacidad o a empresas cuya plantilla laboral conste de al menos el 5% de trabajadores con discapacidad, así como a micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que produzcan bienes con innovación tecnológica.

Con respecto a la protección del medio ambiente, la normativa mexicana establece la obligación de solicitar a los proveedores certificados que garanticen el origen y el manejo sostenible. Así, por ejemplo, cuando se trata de insumos tales como la madera para la elaboración de muebles para oficina o papel para impresión, estos deberán contener un mínimo de 50% de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera.

La Oficialía Mayor busca fortalecer los procedimientos de CPS mediante la actualización de su marco normativo y la implementación de estrategias enfocadas en sectores particulares y áreas específicas. Con la actualización del marco normativo, se pretende incluir criterios de evaluación a través del mecanismo de puntos o porcentajes que consideren, entre otros, trabajadores en condición de discapacidad, MIPYMES, políticas de igualdad de género y de integridad empresarial.

Adicionalmente, México pretende implementar programas transversales para el desarrollo de proveedores que sean sociedades cooperativas, empresas con responsabilidad social o que sean pertenecientes a grupos vulnerables, principalmente de pueblos rurales o indígenas, con el objetivo de impulsar su formalización fiscal, capacitarlos y brindarles las condiciones necesarias para que se integren en el mercado de las compras públicas.

En consecuencia, y para poder implementar políticas de CPS, es necesario contar con un sistema confiable que certifique la información presentada por los proveedores, y que además permita evaluar objetivamente el sistemas de producción sostenible, razón por la cual la Oficialía Mayor se encuentra comprometida en pro de la adopción de mejores prácticas que permitan cumplir estos objetivos, y que al mismo tiempo permita obtener las mejores condiciones para el Estado.

México tiene el reto de implementar las mejores prácticas en materia de CPS y asimismo, generar políticas más efectivas que promuevan la igualdad entre proveedores, un mercado más robusto y competitivo, y todo bajo un esquema de sostenibilidad, con el objeto de beneficiar al Estado y a los mexicanos.

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

El Estado panameño se encuentra comprometido con el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 20-30”, en pro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (“ODS”) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”), especialmente frente a los retos que surgen en materia de recursos naturales, cambio climático, cambios demográficos, globalización y la inclusión social.

Uno de los principales retos es crear políticas públicas en materia de CPS, ya que la demanda y el consumo dirigido a bienes y servicios de este tipo influyen significativamente en el Desarrollo Sostenible Nacional, con el que se pretende potenciar en esta línea los Convenios Marco que dirige la Dirección General de Contrataciones Públicas (“DGCP”).

Con miras a lo anterior, Panamá ha venido desarrollando algunos elementos dentro de los cuales cabe resaltar los siguientes:

– Convenio Marco para el suministro de luminarias y sus consumibles para las Entidades del Estado – 2008 (luces incandescentes a fluorescentes).

– Mejoras en el marco normativo, incluyendo los artículos 10, 20 y 34 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el artículo 34 del Decreto Ejecutivo 40 de 10 de abril de 2018, que regulan la Contratación Pública panameña, específicamente sobre normas que impulsan la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que se le otorga preferencia en criterios de desempate; el uso eficiente del agua y energía (concordante con la Ley 69 de 12 de octubre de 2012 que establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio nacional); la construcción de un sistema de responsabilidad social y sostenibilidad, procurando el desarrollo de políticas que permitan la protección comunitaria y medioambiental de Panamá y sus ciudadanos.

– Compra de equipos que utilizan energía eléctrica y/o primaria que deben cumplir con el índice de eficiencia energética regulado y reglamentado por la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.

– El Reglamento de contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá (Acuerdo 24 de 4 de octubre de 1999), en su artículo 25 señala que el plan de adquisición considerará requisitos de seguridad y medio ambiente.

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

La legislación paraguaya en materia de compras públicas, Ley 2051 de 2003, permite la incorporación de criterios de sostenibilidad, tal y como consta en los siguientes artículos:

– Artículo 4° Principio que rige las Contrataciones Públicas: economía y eficiencia
– Artículo 7° Fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas.
– Artículo 13° Consolidación de las adquisiciones.

El Estado paraguayo, a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (“DNCP”), como ente regulador del sistema de compras públicas, emitió la Resolución DNCP 1675 de 2010, por la cual se aprueba la política de CPS.

La implementación de dichas política sostenibles se divide en dos (2) fases:

1. Estratégica:
– Emisión de política de CPS.
– Compromiso de alta gerencia: Certificación ISO 14.000, Gestión Ambiental en la DNCP.
– Sensibilización y comunicación: Conversatorios con especialistas: Barbara Morton y Sylvia Aguilar.
– Alianzas estratégicas: ITAIPU Binacional, Viceministerio de MIPYMES, Procicla.

2. Operativa:
– Capacitación a compradores: se realizaron cursos sobre CPS al 100% de las Unidades de Compra de las entidades del Estado; se implementó un programa de “Desarrollo de Proveedores”, el cual se realizó con apoyo del BID el Taller Internacional “Valor por Dinero en las Contrataciones Públicas”.
– Desarrollo de vendedores:
* FINANPYME: convenio con entidades financieras del sector privado. Se suministró información para facilitar acceso a créditos a MIPYMES.
* Beneficios para MIPYMES en la Subasta a la Baja Electrónica
* Capacitaciones mensuales a MIPYMES.
* Programa de desarrollo de proveedores: se impartieron talleres a empresas proveedoras con el objetivo de potenciar su gestión en con un triple impacto/tres (3) dimensiones (económica, social y ambiental).
– Criterios sostenibles estándares por rubro, manuales para Unidades de Compra.
– Evaluación y Análisis de obligatoriedad.
– Casos exitosos:
* Compra de resmas de papel por Convenio Marco (obligatorio)
* Pliego Estándar para servicio de limpieza (obligatorio)
* Pliego Estándar para servicio de seguridad y vigilancia (obligatorio)
* Compra de frazadas para reclusos de fabricantes indígenas
* Construcción de viviendas sociales
* Proceso de compra simplificado y políticas nacionales que promueven la integración de agricultores familiares locales a la compra pública a través de los procesos de adquisición de alimentación escolar en sus diferentes modalidades (obligatorio).
* Mecanismo de compra por ítems para bienes de producción nacional (obligatorio).

En suma, Paraguay cuenta con un gran apoyo político y ha venido desarrollando un proyecto de agricultura familiar en pro de las CPS. Con ayuda del PNUMA se realizó un análisis del mercado para papel, mueble y productos de limpieza.

Han lanzado una serie de licitaciones piloto que fueron exitosos y se están transformando las prácticas normales de compras públicas. Entre otros se encuentra la licitación piloto llevada a cabo con el IISD con apoyo del IDRC y la OEA-RICG, para construcción de viviendas sociales y la capacitación sobre iluminación interior. Asimismo se encuentran avanzando en mecanismos de compra de producción nacional con márgenes de preferencia y compras por ítem. El apoyo a las MiPYMES ha avanzado a realizar sinergias con instituciones de financiamiento, mejorar el sistema de pagos y realizar capacitaciones a los proveedores.

– Desafíos: Coordinación inter e intra-institucional, con el fin de mejorar el análisis de necesidades y la capacidad para adquirir innovación, métodos para la verificación de criterios, comunicación de beneficios.

– Necesidades: Apoyo técnico para acceder a información sobre disponibilidad de productos y servicios con estas nuevas tendencias, implementación de metodologías para medir cuantitativamente los beneficios.

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

A través del literal h) del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado peruano, se establece el principio de sostenibilidad ambiental y social, conforme al cual, en el diseño y desarrollo de la contratación pública, se considerarán criterios y prácticas que contribuyan a la protección ambiental, social y humana.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamento y demás normas que regulen el objeto de la contratación con carácter obligatorio.

Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 del mencionado reglamento, se pueden incluir factores de evaluación relacionados con la sostenibilidad ambiental y social, entre otros que se prevean en las bases estándar que aprueba el OSCE.

En esa línea, en las bases estándar contenidas en la Directiva 001-2019-OSCE/CD «Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225», se ha incorporado lo siguiente:

– En el caso de la adquisición de madera, se debe verificar su procedencia legal conforme al artículo 183 del Reglamento para la Gestión Forestal, exigiéndole al contratista presentar: a) Las Guías de Transporte Forestal, de acuerdo con el formato aprobado por Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (“SERFOR”), y b) Factura con información detallada del volumen, cantidad o piezas, así como la especie de madera.

– Se han incluido factores de evaluación vinculados a la sostenibilidad ambiental y social, haciendo referencia a la Certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, Responsabilidad Hídrica, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental y Certificación del Sistema de Gestión de la Energía. Para mayor ilustración puede consultar el siguiente link: https://portal.osce.gob.pe/osce/tableros-0.

Cabe mencionar que en el Perú las entidades están obligadas a utilizar las bases estándar aprobadas por OSCE para la convocatoria de sus procedimientos de selección. Estos documentos contienen las reglas generales y específicas del procedimiento de selección, los requisitos de calificación y factores de evaluación estándar, así como los formatos que las empresas deben incluir en su oferta y la proforma de contrato.

– Identificar otros mecanismos de promoción de sostenibilidad ambiental y social en la contratación pública.
– Incorporar otros factores de evaluación relacionados a la sostenibilidad ambiental y social en las bases estándar.

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

Las CPS están alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (“END”) 2030, al Eje No. 3: Economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible y al Eje No. 4: Sociedad con cultura de producción y consumo sostenible. De manera específica, las CPS están vinculadas a la END a través de la línea de acción 4.1.2.3: Incorporar la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal, a través de compras estatales que incorporen prácticas de consumo y aprovechamiento sostenibles.

Asimismo, la CPS contribuyen a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la Meta 12.7: promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenibilidad (“ODS”) No. 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Las CPS constituyen además uno de los pilares del Modelo Dominicano de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles, que plantea la utilización del poder de compra del Estado para la implementación de políticas públicas con acciones afirmativas orientadas a facilitar la participación y fomentar el empoderamiento económico de MIPYMES, mujeres, y de los sectores productivos nacionales (subnacionales y locales), a través del análisis de los datos que aporta el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (“SNCCP”) y su principal innovación, el Portal Transaccional, como plataforma tecnológica habilitada para la automatización del proceso de compras públicas.

La Dirección General, como órgano rector de las compras y contrataciones públicas, diseñó un Plan de CPS 2018-2021, con el objetivo de fomentar un menor impacto ambiental en la adquisición de los bienes y servicios, considerando el ciclo de vida y la satisfacción de las necesidades de la administración pública.

Dentro de las principales acciones estratégicas del Plan a resaltar, están: 1) Desarrollo de aspectos normativos: 2) Revisión de leyes y reglamentos, 2) Fortalecer capacidades y competencias en CPS de las unidades de compras del Estado, 3) Conocer, dialogar e incentivar el mercado de compras públicas, desarrollando alianzas con círculos de proveedores y otros actores estratégicos; 4) Crear canales de comunicación y socialización de las iniciativas, procesos de desarrollo y de buenas prácticas; y, finalmente 5) Monitoreo y seguimiento del Plan.

La Republica Dominicana ha realizado estudios de mercado y ha analizado datos estadísticos, con el fin de lograr mayor transparencia en los procesos de compra publica que a su vez, le permiten incluir perspectivas de género, obtener diferentes enfoques con impacto social, brindar asistencia técnica y capacitaciones a los actores del SNCCP; realizar ajustes normativos necesarios, crear alianzas estratégicas, realizar abordajes de regiones vulnerables y realizar mejoras al pago de proveedores (pago rápido).

– Acuerdos estratégicos con diferentes actores sociales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
– Se creó el borrador de la norma de contrataciones públicas sostenibles.
– Se realizaron ajustes y actualizaciones al Manual General de Contrataciones, para incluir los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.
– Compra Sostenible, piloto (http://ricg.org/estudio-de-caso-licitacion-piloto-compras-publicas-sostenibles-en-republica-dominicana/contenido/616/es/).
– Se implementó el piloto de Responsabilidad Social de Proveedores 2019.
– Se realizó el taller de Compras Públicas Sostenibles para las unidades de compras de Republica Dominicana.
– Se logró la reducción del uso del papel, tiempo y logística a raíz de la implementación del Portal Transaccional.
– Redacción de Guías de CPS por temas específicos que dan posibilidad de realizar actualizaciones de forma más directa sin tener que pasar por el proceso de Ley o Decreto:
* Guía práctica de eventos sostenibles (PDS) [pendiente de fusión y socialización con los nuevos Compradores).
* Guía para la contratación y uso de papel (PDS).
* Guía práctica de compras accesibles (#1 Modelo de contratación públicas de construcción y edificaciones para la adecuación de infraestructura física con accesibilidad universal).
– En el marco de las Guías mencionadas, se lanzó una Política que solo incluye contrataciones públicas de construcción y edificaciones para la adecuación de infraestructura física con accesibilidad universal por existir una Ley previa que regula el tema. Esta guía se está elaborando junto al Consejo Nacional para personas con discapacidad. El objetivo es desarrollar una política más integral con impacto en el ODS 10, que incluya criterios para empresas que contratan personas con discapacidad entre otras acciones.

El mayor desafío es desarrollar una Política Nacional para las CPS que incentiven el consumo de bienes y servicios con especificaciones que incorporen estándares de ecoeficiencia en los requerimientos de las licitaciones públicas, y que impacten de forma positiva el ODS 12.7.

Otras necesidades identificadas a mejorar son: la capacitación de los recursos humanos internos, desarrollo de un plan de acción interinstitucional coordinado con los actores del SNCCP y el sector privado, además de recursos económicos.

Asimismo, la elaboración de la Guía de Contratación Pública que incluye criterios para empresas que contratan personas con discapacidad, entre otras acciones, presenta el reto en cuanto a la falta de base de datos de personas con discapacidad laborando, así como capacidades técnicas y fondos.

Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE)

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (“ARCE”), ha venido liderando el proceso de incorporación de las distintas dimensiones de la sostenibilidad en las compras públicas. Desde 2015 se ha trabajado en la temática, utilizando como plataforma el acceso al financiamiento que el gobierno uruguayo ganó en el marco del proyecto “Hacia un Sistema de Compras Públicas Sostenibles en Uruguay”, fondos 10YFP de ONU Medioambiente. En este contexto, Uruguay avanzó en tres (3) grandes líneas de trabajo:

1. La identificación de una línea de base en materia de sostenibilidad y la elaboración de una propuesta de fortalecimiento de los criterios ya existentes;
2. La identificación de nuevos criterios, tanto transversales como específicos, respecto a productos priorizados; y
3. La elaboración y ratificación de una política nacional expresa en materia de compras públicas sostenibles.

Como resultado, en 2018 se aprobó una política que establece los lineamientos estratégicos en materia de sostenibilidad, pero que también creó el campo institucional propicio para su implementación, esto es, un Consejo Asesor en Compras Públicas Sostenibles (Consejo CPS), coordinado por el órgano que mantiene la rectoría en el instrumento (ACCE) e integrado, además, por todos aquellos organismos que mantienen competencia en la temática regulada (política ambiental, política productiva y energética, políticas sociales, etc.).

Adicionalmente, en Uruguay el Consejo de CPS comenzó a sesionar con una agenda que comprendió la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social previamente identificados durante el período 2016-2018. Cabe destacar que esta identificación de criterios implicó para Uruguay un relevamiento respecto a estándares internacionales que fueron cotejados tanto con los organismos reguladores en cada temática, así como con el mercado. Esta sinergia posibilitó arribar a insumos con suficiente nivel de detalle (criterio, condición a cumplir, mecanismo de verificación, instancia de la consideración del criterio en el proceso de contratación pública, etc.) que permitieron luego una rápida implementación. En ese marco, fue en el cual se comenzaron a redactar las primeras normas técnicas. El desafío mayor que enfrentó Uruguay, no fue la identificación de criterios, ni en la redacción de normas técnicas, sino la articulación de los distintos agentes involucrados en la implementación.

Lo anterior, toda vez que era necesario precisar que los sistemas de información acompañen la utilización de criterios, pudiendo rescatar la información necesaria para un efectivo monitoreo.

Al mismo tiempo, fue necesario identificar los mecanismos correctos de difusión, sensibilización, capacitación estratégica ya que parte de los criterios que se vienen implementando serán, en principio, de utilización voluntaria.