El taller fue organizado por la Organización de los Estados Americanos como Secretaría Técnica de la RICG, el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Danish Institute for Human Rights, la International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) y el International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, con el apoyo del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y la Embajada de Suecia en Chile.

El punto de partida para este taller lo constituyen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011. Tales principios son el punto de referencia para la prevención y atención de los efectos negativos en los derechos humanos que puedan resultar de las actividades empresariales.

• Introducir las bases jurídicas del derecho de los derechos humanos y cómo estos se aplican a los Estados, centrándose en el contexto de las compras públicas y en relación con los principios jurídicos aplicables.
• Ver más allá de la ley y examinar las experiencias relativas a los beneficios económicos y comerciales de la integración de los derechos humanos en las compras públicas.
• Compartir experiencias sobre la inserción social, derechos humanos y protección del medio ambiente en las compras públicas.
• Analizar la forma en que la RICG podría apoyar una mayor integración de los derechos humanos en las compras públicas y definir nuevas medidas y compromisos.

 

Principales conclusiones del taller

Ver más allá de la ley y examinar los beneficios económicos y comerciales de la integración de los derechos humanos en el ciclo de compras públicas:

Más allá de la obligación de los Estados de promover el respeto y protección de los derechos humanos entre las empresas con las que realizan transacciones comerciales a través de sus compras y a través de la prestación de servicios públicos, la integración de las cuestiones de derechos humanos en el ciclo de compras públicas tiene otros beneficios para el Estado y para las instituciones gubernamentales que realizan compras.

Las compras públicas representan una oportunidad para que los Estados pongan el ejemplo. Si los Estados se comprometen a promover una conducta empresarial responsable y el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas que operan dentro de su jurisdicción, será esta una oportunidad única para influir en el mercado y crear demanda de productos y servicios responsables y sostenibles, dado el enorme poder de compra e influencia del Estado. La creación de demanda de productos y servicios responsables y sostenibles generará competencia, la cual hará bajar los precios de este tipo de productos y servicios y aumentará el tamaño del mercado de tales bienes y servicios.

Evitar riesgos para la reputación de los Estados y sus representantes. Es vergonzoso que el Estado y sus representantes tengan que admitir que sus actividades de compra afecten directa o indirectamente los derechos humanos, sin tener mecanismos que eviten que los derechos de las personas sean afectados negativamente por los socios comerciales del Estado. Eso puede socavar la credibilidad del Gobierno con respecto a sus compromisos de proteger y respetar los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, afectando la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado.

Ganar en eficacia y evitar riesgos operacionales en los procesos de adquisiciones. El tener socios comerciales y proveedores en las cadenas de valor donde existan riesgos para los derechos humanos es en sí mismo un riesgo para quienes realizan las compras. Si ocurren violaciones y abusos a los derechos humanos, esto puede dar lugar a interrupciones y retrasos en el suministro, puede ocasionar una pérdida de tiempo y capacidades para abordar cuestiones contractuales y legales, puede requerir el tener que hacer frente a las violaciones y abusos de la empresa, y si en última instancia no se puede cumplir o se cancela el contrato, pueden dar lugar a la realización de un nuevo proceso de compras. Todo esto implica costos que afectan a la eficiencia y eficacia del proceso de compras públicas.

Por coherencia política, es importante asegurarse de que los impuestos de los ciudadanos que utiliza el Estado para la compra de bienes y servicios no afecten negativamente a sus propios ciudadanos o a otras personas en otras partes del mundo, solo por dar prioridad a la opción de compra más barata. Las políticas de compras públicas deben estar en consonancia con los compromisos del Estado con los derechos humanos.

Las compras públicas pueden ser una herramienta muy efectiva para alcanzar el desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

Para ver los resultados del taller dirigirse al informe adjunto.