28 Junio 2017 04:08 PM
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"Las compras públicas pueden contribuir a la promoción de los derechos humanos"

Trinidad Inostroza, Presidenta de la RICG
Bajo el llamado de hacer realidad los estándares internacionales, se desarrolló en Santiago de Chile una consulta regional para América Latina y el Caribe sobre políticas públicas de derechos humanos y empresas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El evento, que tuvo lugar los días 2 y 3 de marzo, contó con la participación de cerca de 150 delegados estatales, especialistas, integrantes de organismos internacionales, de la sociedad civil y del sector privado para discutir estrategias de implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en la región.

Trinidad Inostroza, Presidenta de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) y Directora de ChileCompra, durante su exposición en el panel “Desafíos en la implementación de políticas públicas para empresas y derechos humanos”, compartió el rol de las compras públicas en la promoción y respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.

“Las compras públicas son una herramienta estratégica en la implementación de políticas públicas y en la promoción de cumplimiento de derechos humanos. Porque las transacciones que se generan a través de los sistemas de contrataciones públicos tienen un peso promedio del 10-12% del PIB nacional (3,5% en el caso de Chile). Esto incluye la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de los organismos estatales, y la puesta en práctica de los programas que éstas gestionan; así como la construcción de infraestructura y obra pública”, explicó.

“En este contexto el Estado puede promocionar modelos de producción y consumo que respondan a los intereses a largo plazo de los países, así como potenciar iniciativas de nivel mundial”, destacó Trinidad Inostroza. “Es así que las leyes y sistemas de compras públicas en América Latina incluyen, de manera general, disposiciones que propenden a las compras sostenibles y al respeto de los derechos humanos y derechos laborales”.


Los sistemas de compras públicas, haciéndose cargo de su rol como herramientas para el desarrollo social y económico han incorporado gradualmente las consideraciones de sustentabilidad en sus tres ámbitos (social, económico y ambiental). Ahora, se prevé un rol relevante en la implementación de la Agenda 2030 y de temáticas aún más amplias, como es el respeto de los DDHH.


Durante la sesión inaugural, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, llamó a construir una gobernanza global mediante alianzas entre los Gobiernos, la ciudadanía y el sector privado para promover un cambio en el estilo de desarrollo en sintonía con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


Durante su presentación sobre los principales desafíos destacó la importancia de la participación de las pequeñas empresas en las economías, como también el deber de las sociedades de generar un cambio hacia una mayor igualdad de género. Al respecto, Bárcena se refirió al impacto positivo que se genera al contar con más Pymes capacitadas y respecto de las políticas dirigidas a mujeres, el “romper el silencio estadístico y desagregar la información”. Asimismo se refirió a la gran tarea que es cerrar las asimetrías de información y promover políticas de datos abiertos, especialmente para los países de la región.

El Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, destacó el carácter internacional del debate en la materia. “Hoy en día, al tener las empresas una presencia global, sus impactos son globales”, expresó.

Dentro de su presentación, Trinidad Inostroza también subrayó los esfuerzos de países como El Salvador, donde las contrataciones del Estado establecen criterios de sostenibilidad para la erradicación del trabajo infantil; Colombia, que incluye inhabilidad constitucional para contratar con proveedores condenados por delitos de lesa humanidad; Uruguay, que incorpora como criterio de desempate estándar la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad; Nicaragua, que en sus bases asegura los derechos humanos de los trabajadores; Perú, que en caso de desempate prioriza a micro y pequeñas empresas; Costa Rica, México y Paraguay que cuentan con una Política de Compras Públicas Sustentable y Chile, donde hay prohibición de participación de proveedores que han sido condenados por prácticas antisindicales.

Asimismo, se refirió al trabajo que como región se está desarrollando en la implantación de modelos de información de Datos Abiertos, como parte de la transparencia y probidad de los sistemas de contrataciones públicos; como también del diseño de estrategias para lograr una mayor participación de las pymes, tanto en cantidad como en montos transados. “En Chile, la micro y pequeña empresa (Mipe) vendió sus productos y servicios por 5.519 millones de dólares a ministerios, hospitales, municipios y Fuerzas Armadas, entre otras entidades gubernamentales”.

Asimismo destacó el esfuerzo que a nivel regional se ha iniciado para promover la incorporación de mujeres como proveedoras del Estado.


    
      
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