Directora de ChileCompra y Presidenta de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), Trinidad Inostroza, participó en panel “Liderazgo con el ejemplo: El rol del rol del Estado sobre derechos humanos y empresa”, en la 2° Consulta Regional sobre empresas y derechos humanos realizada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) este 17 de enero.  

La actividad convocó a cerca de 140 delegados estatales, representantes de organismos internacionales, de la sociedad civil, de empresas públicas y privadas, así como de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo, intercambiaron ideas y experiencias sobre la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en la región, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Al respecto Trinidad Inostroza expuso sobre la importancia de los sistemas de compras públicas como herramienta estratégica en la implementación de políticas de desarrollo económico y social, dado que representa un importante aporte al PIB de los países de América Latina, llegando al 10-12% de algunos países miembros de la RICG. 

“La transparencia y probidad, eficiencia y ahorro para el sector público son parte de los objetivos primarios de los sistemas de contratación, entendiendo la eficiencia de las compras requiere considerar la combinación más ventajosa entre los resultados del bien o servicio a adquirir, con todos los costes asociados del mismo (de adquisición, manejo, mantención y disposición de los residuos finales)”, señaló Inostroza. 

Sobre la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de acción para lograr el desarrollo sostenible, las políticas de contratación pública pueden apoyar a: 

– ODS12: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

– Meta 7: Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Como parte de las acciones, Trinidad Inostroza se refirió a la situación en los países miembros de la RICG, como por ejemplo la exigencia de respeto a la legislación vigente en temas de derechos laborales por parte de las empresas proveedoras que participan en estos mercados, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, normativa ambiental, igualdad de trato y derecho a la información. Asimismo, limitaciones de la participación de empresas/personas condenadas por delitos contra los derechos laborales o crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, se promueve la participación de miembros de grupos vulnerables, para los que las compras públicas suponen una oportunidad de negocio y desarrollo, la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), la promoción de la participación de personas en situación de discapacidad o de exclusión y el fortalecimiento de la participación de mujeres. 

Asimismo señaló la institucionalización de las compras públicas sustentables a través de políticas: Costa Rica (en diciembre de 2015); Chile (2012). Destacó el desarrollo colaborativo del proyecto “Propuesta Regional de Criterios Sostenibles para Chile, Colombia, México y Perú”, para tres productos y 2 servicios, en curso (vehículos, papel, mobiliarios de oficina; servicios de impresión y alimentación). 

También relevó las acciones que se realizan en los sistemas de compras públicas de Colombia, El Salvador, Uruguay, Barbados y México. “Los países focalizan esfuerzos según su idiosincrasia y necesidades”. 

Consulta Regional 

Organizado por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el evento fue una instancia de diálogo entre los diversos actores de interés. Con un formato interactivo, las discusiones se focalizaron en cómo avanzar hacia el desarrollo y la aplicación de políticas y planes de acción que promuevan conductas empresariales responsables y de respeto de los derechos humanos. 

Entre los principales puntos discutidos se encuentran la urgencia de avanzar en este tipo de políticas tanto a nivel estatal como por parte de las empresas, además de la necesidad de diferenciar el enfoque de empresas y derechos humanos del concepto de responsabilidad social empresarial. 

Otro de los ejes de la discusión fue la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en América Latina y el Caribe, particularmente en relación a proyectos extractivos y de inversión. 

“Esta Segunda Consulta se ha robustecido en comparación a la primera, de marzo del año pasado. Hemos fortalecido la participación, la diversidad, los contenidos, la profundidad de la conversación, lo que es extremadamente alentador”, señaló Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. “Sin embargo, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para sumar a los que no están y, según la premisa de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás”, agregó.