Las principales fortalezas del Sistema de Compras Públicas se concentran fundamentalmente en el aspecto institucional, en el cual el país ha hecho grandes progresos en los últimos años, particularmente desde la creación y puesta en marcha de Colombia Compra Eficiente ( en adelante “CCE”), ente rector de las contrataciones públicas. Este hecho ha tenido un gran impacto en la dinámica del Sistema y en las mejoras en la eficiencia y la transparencia con las que se realizan las contrataciones públicas en el país. Sin embargo, se ha detectado un riesgo en este ámbito, dado que se combinan dos tendencias contrapuestas: por un lado, el crecimiento de las tareas a cargo de CCE, por otro, la disminución de los recursos asignados a la Entidad.

Es importante que se tomen las medidas necesarias para mitigar este riesgo. Se destaca también un ordenamiento jurídico debidamente registrado y organizado en forma jerárquica, en el cual se establece un orden de aplicabilidad de las diferentes normas jurídicas. Este marco normativo cumple en un alto grado con las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, se ha determinado también que existe una cierta dispersión normativa, que está siendo abordada por CCE a través de varias acciones. Adicionalmente, debe mencionarse que el marco normativo incorpora de manera adecuada las obligaciones emergentes de los acuerdos internacionales celebrados por Colombia.

Otro aspecto destacable es el desarrollo que ha tenido el SECOP, que ha evolucionado desde un sistema de información hacia un sistema transaccional que permite la gestión en línea de todo el ciclo de la contratación pública. La estrategia de implementación gradual del SECOP II ha mostrado ser adecuada, dado que ha permitido balancear la magnitud de la transición con la disponibilidad de recursos y el perfil de los operadores del sistema en las distintas instituciones públicas, y permitirá que en un breve plazo el sistema se encuentre plenamente operativo en todas las Entidades Estatales cuya transición desde el SECOP I al SECOP II había sido planificada.

Esto permitirá mejorar en forma significativa la eficiencia y la transparencia del Sistema de Compra Público. Existen sólidos sistemas de control y auditoría cuya institucionalidad es respetada por los organismos públicos y por la sociedad en general. En cuanto a las debilidades, claramente se destaca el hecho de que no exista una instancia administrativa de impugnación de las decisiones de la Entidad Estatal en la etapa pre-contractual, y que la vía judicial, que es la única existente, no resulta eficaz ni eficiente para resolver los recursos que los proveedores pueden oponer a las decisiones de adjudicación de contratos. Dados la magnitud de los cambios normativos e institucionales necesarios para cerrar esta brecha -algunos de los cuales están fuera de la esfera de acción de CCE y el Gobierno-, y el hecho de que la misma ya había sido señalada en evaluaciones anteriores sin que hubiera sido abordada, se ha levantado en este punto una bandera roja.

En lo que hace a las reglas de participación, se ha detectado que la figura del contrato inter-administrativo resulta demasiado amplia, dando lugar a un uso abusivo de las contrataciones directas en base a este tipo de contratos, cuando en muchos casos correspondería utilizar modalidades competitivas. Por su parte, se ha evidenciado que, si bien existen diversas acciones de política en el área de las compras públicas sostenibles, no existe una estrategia integral sobre el tema, por lo que se requiere que se dispongan instancias de coordinación entre las distintas iniciativas existentes. Se registra también una brecha en la coordinación entre la planificación de las contrataciones y el ciclo presupuestario. La interoperabilidad entre el SECOP II y el SIIF Nación existe sólo para entidades del orden nacional porque, por mandato constitucional, las entidades territoriales tienen autonomía financiera y presupuestal y disponen de una arquitectura financiera independiente, lo cual dificulta el mapeo de ejecución de recursos y planeación y es un obstáculo para controlar la disposición de los recursos públicos.